• Derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 2);
• Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personales (artículo 3);
• Derecho a no ser sometida a torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículo 5);
• Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 7);
• Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias a la vida privada, ataques a la honra y dignidad (artículo 12);
• Derecho a la protección de la familia (artículo 16);
• Derecho a recibir información (artículo 19);
• Derecho a la seguridad social y a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 22);
• Derecho al trabajo (artículo 23);
• Derecho a un nivel de vida que asegure, entre otros, la salud, asistencia médica, protección de la maternidad (artículo 25);
• Derecho a la educación (artículo 26).

• Derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 2);
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 3);
• Derecho a la vida (artículo 6);
• Derecho a no ser sometida a torturas, ni a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento (artículo 7);
• Prohibición de la esclavitud y trata (artículo 8);
• Derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 9);
• Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, ni de ataques ilegales a su honra y dignidad (artículo 17);
• Derecho a recibir información (artículo 19);
• Derecho a la protección de la familia (artículo 23);
• Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 26).

• Derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 2);
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 3);
• Derecho a trabajar (artículo 6) y condiciones de trabajo adecuadas (artículo 7);
• Derecho a la seguridad social (artículo 9);
• Derecho a la protección de la familia y a la protección especial a las madres, antes y después del parto (artículo 10);
• Derecho a la salud física y mental (artículo 12);
• Derecho a la educación (artículo 13);
• Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico (artículo 15).

• Obligaciones relacionadas con eliminar la discriminación contra la mujer (artículo 2);
• Obligaciones para modificar patrones socioculturales (artículo 5);
• Obligaciones para eliminar la trata de mujeres (artículo 6);
• Obligaciones para asegurar igualdad en la esfera de la educación, incluyendo acceso a la información y asesoramiento sobre la planificación de la familia (artículo 10);
• Obligaciones para asegurar la igualdad en la esfera del empleo, incluyendo casos de maternidad (artículo 11);
• Obligaciones para garantizar la igualdad en el acceso a servicios de atención médica, incluyendo todo lo relacionado con el embarazo (artículo 12);
• Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 15);
• Obligaciones para asegurar la igualdad en asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, incluyendo el derecho a decidir el número de hijos, el intervalo entre los nacimientos y el acceso a información (artículo 16).

• Prohibición de cometer actos de tortura (artículo 1 y 2);
• Derecho a la reparación frente a actos de tortura (artículo 14);
• Prohibición de cometer tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículo 16).

• Derecho a la no discriminación (artículos 2);
• Derecho a la vida (artículo 6);
• Derecho a recibir información (artículo 13);
• Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias ni de ataques a su honra y dignidad (artículo 16);
• Derecho a ser protegido contra varios tipos de abuso, incluyendo el abuso sexual (artículo 19 y 34);
• Derecho a la salud (artículo 24);
• Derecho a la educación (artículos 28 y 29);
• Derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículo 37);
• Obligaciones para adoptar medidas dirigidas a la recuperación y reintegración social de los niños víctimas de cualquier tipo de abuso (artículo 39).

• Derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 5);
• Obligación de asegurar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones todos sus derechos (artículos 6 y 7);
• Derecho a la vida (artículo 10);
• Derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 14);
• Derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15);
• Protección contra la explotación, la violencia y el abuso, incluyendo aspectos relacionados con el género (artículo 16);
• Protección a la integridad personal (artículo 17);
• Derecho a acceder a información (artículo 21);
• Derecho al respeto a la privacidad, incluyendo la información personal relativa a la salud (artículo 22);
• Obligaciones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, incluyendo el derecho a decidir el número de hijos, el intervalo entre nacimientos, el acceso a información, educación y planificación sobre reproducción y planificación familiar (artículo 23);
• Derecho a la educación (artículo 24);
• Derecho a la salud (artículo 25).

• Obligaciones dirigidas a eliminar la discriminación racial y la garantía específica de diversos derechos, en particular: derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud pública (artículo 5);
• Derecho a la reparación en caso de violaciones (artículo 6).

• Derecho a no discriminación (artículo 1);
• Derecho a la vida (artículo 4);
• Derecho a la integridad personal, a no ser víctima de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5);
• Prohibición de la trata de mujeres (artículo 6);
• Derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 7);
• Derecho a la protección de la honra y dignidad, incluida la intimidad (artículo 11);
• Derecho a recibir información (artículo 13);
• Derecho a la protección de la familia (artículo 17);
• Medidas de protección especial al niño (artículo 19);
• Derecho a igual protección ante la ley (artículo 24);
• Derechos económicos, sociales y culturales, lo que incluye salud, educación, seguridad social, trabajo, entre otros (artículo 26).

• Derecho a la no discriminación (artículo 3);
• Derecho al trabajo y condiciones adecuadas (artículo 6 y 7);
• Derecho a la seguridad social, incluyen la licencia por maternidad (artículo 9);
• Derecho a la salud (artículo 10);
• Derecho a la educación (artículo 13);
• Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico (artículo 14);
• Derecho a la constitución y protección de la familia (artículo 15).

• Define la violencia como física, sexual y psicológica, incluyendo el ámbito privado o público (artículo 2);
• Derecho a una vida libre de violencia (artículo 3);
• Derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad personales, a no ser sometida a torturas, a la dignidad y la protección de la familia, a la igualdad ante la ley (artículo 4);
• Reconoce que la mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos (artículo 5);
• Reconoce que el derecho a ser libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento (artículo 6);
• Obligaciones inmediatas por parte de los Estados (artículo 7); Obligaciones progresivas por parte de los Estados (artículo 8);
• Obligación de mirada interseccional (artículo 9).

• Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (artículo I);
• Derecho a la igualdad ante la ley (artículo II);
• Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar (artículo V);
• Derecho a la constitución y a la protección de la familia (artículo VI);
• Derecho de protección a la maternidad y a la infancia (artículo VII);
• Derecho a la preservación de la salud y al bienestar (artículo XI);
• Derecho a la educación (artículo XII);
• Derecho a los beneficios de la cultura que incluye descubrimientos científicos (artículo XIII);
• Derecho al trabajo y a una justa retribución (artículo XIV);
• Derecho a la seguridad social (artículo XVI).

Observación General No. 28 sobre la “Igualdad de derechos entre hombres y mujeres”.

Aprobada en el año 2000.

Observación General No. 36 sobre el “Derecho a la Vida”.

Aprobada en el 2019.

Observación General No. 22 relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva.

Aprobada en 2016.

Observación General No. 20 sobre “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales”.

Aprobada en 2009.

Observación General No. 16 sobre “La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”².

Aprobada en 2005.

Recomendación general No. 35 sobre “sobre la violencia por razón de género contra la mujer”.

Aprobada en 2017.

Se reconoce que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

Además, se recomienda derogar las disposiciones que penalicen el aborto.

Dentro de las recomendaciones más relevantes que aborda son:

• Ofrecer fortalecimiento de capacidades, educación y formaciones en la esfera de los DSR a los miembros del poder judicial, abogados, funcionarios, y profesionales de la salud que están encargados de hacer cumplir la ley párr. 30e).
• A víctimas de violencias basadas en género, garantizar servicios amplios y oportunos de salud mental, sexual y reproductiva (párr. 31a (iii))
• Brindar reparaciones efectivas, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva (párr. 33a).

Recomendación general No. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia.

Aprobada en 2015.

Recomendación general No. 24 sobre la mujer y la salud.

Aprobada en 1999.

Desarrolla la obligación de los Estados de eliminar la discriminación contra la mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la planificación de la familia, el embarazo, el parto y el período posterior al parto, todo con el fin de que la mujer pueda ejercer su derecho al más alto nivel posible de salud.

Incluye una recomendación para que se enmiende la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.

Recomendación general No. 21 sobre “La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares”.

Aprobada en 1994.

Recomendación general No. 4 sobre “La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño”³.

Aprobada en 2003.

Incluye una mención al derecho de los niños y adolescentes de tener acceso a la información sobre el daño que puede causar un matrimonio y un embarazo precoz y las que estén embarazadas deberían tener acceso a los servicios de salud que sean adecuados a sus derechos y necesidades particulares.

La atención primaria de salud debe incluir servicios adecuados a las necesidades de los adolescentes, concediendo especial atención a la salud sexual y reproductiva y a la salud mental.

El Comité insta a los Estados Partes a elaborar y ejecutar programas que proporcionen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, los contraceptivos y las prácticas abortivas sin riesgo cuando el aborto no esté prohibido por la ley, y a cuidados y asesoramiento generales y adecuados en materia de obstetricia.

En esta recomendación se agrega que tienen derecho al acceso a información sexual y reproductiva en general, incluso sobre el daño que puede causar un matrimonio, además, se subraya la importancia de la educación; se debe garantizar que los niños desarrollen un estilo de vida saludable, lo que incluye tomar las medidas necesarias para prohibir todas las formas de violencia y abuso, incluido el abuso sexual y otros.

Informe sobre “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica”.

Elaborado en año 2019.

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Elaborado en 2016.

Informe sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Elaborado en el 2004.

Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Elaborado en el 2011.

Se examina la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud.

Se abordan los efectos de las restricciones jurídicas penales y de otra índole en el aborto; la conducta durante el embarazo; los métodos anticonceptivos y la planificación de la familia; y el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva.

Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Elaborado en el 2011.

Se examina la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud.

Se abordan los efectos de las restricciones jurídicas penales y de otra índole en el aborto; la conducta durante el embarazo; los métodos anticonceptivos y la planificación de la familia; y el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva.

Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Informe sobre la violencia y su impacto en salud.

Elaborado en 2022.

Se refiere a la violencia que sufren las mujeres, los niños y niñas y las personas no binarias, así como en la violencia sexual relacionada con los conflictos y la violencia estructural.

Para ello adopta el enfoque de la igualdad sustantiva y analiza la violencia y su impacto en el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental desde un punto de vista intersectante, antirracista y anticolonialista.

Se entiende la violencia de género como un fenómeno que incluye cuestiones relativas a la sexualidad y cuyas víctimas pueden ser atacadas a causa de su orientación sexual —real o supuesta—, su identidad de género y sus características sexuales.

La Relatora Especial subraya que la adopción de un enfoque no binario del género y de la violencia de género está bien arraigada en el derecho internacional de los derechos humanos.

Además, aclara las obligaciones legales que se plantean en el marco del derecho a la salud al abordar la violencia y ofrece ejemplos de respuestas, centrándose en las buenas prácticas.

Informe sobre “Derechos de salud sexual y reproductiva: retos y oportunidades durante la pandemia de COVID-19”.

Elaborado en 2021.

Se centra en los derechos de salud sexual y reproductiva y en las oportunidades y los retos que surgen durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Adoptando el punto de vista de que la opresión patriarcal es universal y está en el origen del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, la Relatora Especial examina el polifacético impacto histórico del colonialismo sobre estos derechos.

Reflexiona sobre la importancia de los determinantes subyacentes y sociales de la salud y la igualdad sustantiva para la realización de los derechos sexuales y reproductivos y aclara la naturaleza del marco jurídico que reconoce estos derechos, centrándose en el derecho a la salud sexual y reproductiva como parte integrante del derecho a la salud.

Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación.

Elaborado en 2010.

Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad⁴.

Elaborado en 2012.

Informe sobre Prácticas de adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para eliminar la mortalidad y la morbilidad maternas prevenibles.

Elaborado en 2011.

Se refiere a los derechos reproductivos, desarrolla que la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva.

Además, se interpreta el derecho a la vida establecido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se concluye que los cuales llevaron a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana.

La Corte concluyó que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Lo anterior se desarrolló en el marco de un caso de fertilización in vitro.

Menciona que la salud sexual y reproductiva constituye una expresión de la salud que tiene particulares implicancias para las mujeres debido a su capacidad biológica de embarazo y parto.

Se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación.

Se refiere ampliamente al consentimiento informado como condición para cualquier práctica médica.

Expresamente la Corte se refiere a las relaciones desiguales de poder entre pacientes y médicos. Además, interpreta la Convención Americana a fin de determinar el alcance de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, a fundar una familia y de acceso a la información.

Se consideró que la esterilización forzada constituyó un trato cruel, inhumano y degradante.

Desarrolla por primera vez el derecho de una niña a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo.

Menciona que los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar medidas de protección respecto de niñas y niños, así como del derecho a la educación, conllevan, entonces, la obligación de proteger a las niñas y adolescentes contra la violencia sexual en el ámbito escolar. También, por supuesto, de no ejercer la violencia en ese ámbito.

Los Estados deben establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar acciones para su prevención.

Deben existir, también, mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados.

Se refiere al derecho a la salud en casos de emergencias obstétricas, además, incluye un análisis sobre la aplicación del secreto profesional.

Se señala que del derecho a la vida privada y del derecho a la salud, las personas tienen derecho a que la atención médica sea confidencial y a la protección de los datos de salud.

Desarrolla el vínculo entre la prestación de servicios de salud durante el embarazo, parto y posparto y garantía de los derechos a la salud, vida y a la integridad.

Refiere que los Estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud adecuados, especializados y diferenciados durante el embarazo, parto y en un periodo razonable después del parto, para garantizar el derecho a la salud de la madre y prevenir la mortalidad materna.

Además, que se debe informar plenamente a las personas embarazadas y en período de lactancia sobre su condición médica y asegurar el acceso a información precisa y oportuna sobre salud reproductiva y materna.

Incluye por primera vez el concepto de violencia obstétrica. Señaló que esta forma de violencia es ejercida por los encargados de la atención en salud sobre las personas gestantes, durante el acceso a los servicios de salud que tienen lugar en el embarazo, parto y posparto, y se expresa mayoritaria, aunque no exclusivamente, en un trato deshumanizado, irrespetuoso, abusivo o negligente hacia las mujeres embarazadas; en la denegación de tratamiento e información completa sobre el estado de salud y los tratamientos aplicables; en intervenciones médicas forzadas o coaccionadas, y en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales, entre otras manifestaciones amenazantes en el contexto de la atención de la salud durante el embarazo, parto y posparto.

Desarrolla estándares sobre el acceso a la justicia, la debida diligencia en casos de violencia sexual, las mujeres que están en mayor situación de riesgo, el derecho a la educación y a la salud libres de violencia y discriminación.

Además, dimensiona la problemática relacionada con la violencia sexual y la falta de garantía de los derechos a la salud y a la educación.

RECOMENDACIÓN:

Párr. 8. El Estado parte debería modificar su legislación de forma que se ayude a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. Debería asimismo revisar su legislación sobre el aborto con miras a que concuerde con el Pacto.

RECOMENDACIÓN:

Párr. 25:  El Comité exhorta al Estado Parte a que mejore la información sobre la planificación de la familia y los servicios conexos para las mujeres y las niñas, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, y a que amplíe los cursos de educación sexual focalizados en los niños de ambos sexos, con especial hincapié en la prevención del embarazo en la adolescencia. El Comité insta al Estado Parte a garantizar que sus políticas y decisiones públicas estén de conformidad con su Constitución, que establece el carácter laico del Estado. El Comité recomienda que el Estado Parte examine la posibilidad de reformar la normativa sobre el aborto con miras a determinar en qué circunstancias se puede autorizar, por ejemplo, el aborto terapéutico y el aborto en casos de embarazo resultante de violación o incesto, y a derogar las disposiciones que penalizan a las mujeres que recurren al procedimiento, en consonancia con la recomendación general 24 del Comité, relativa a la mujer y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité exhorta también al Estado Parte a poner a disposición de las mujeres servicios de calidad para atender las complicaciones derivadas de los abortos peligrosos y a reducir la tasa de mortalidad materna. El Comité recomienda que el Estado Parte incorpore una perspectiva de género en sus programas y políticas relativos al VIH/SIDA y que asegure que esos programas y políticas atiendan a las necesidades de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.

RECOMENDACIÓN:

65. A la luz de su observación general núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte una política integral de salud sexual y reproductiva para los adolescentes;
b) Vele por que la educación en salud sexual y reproductiva sea parte del plan de estudios obligatorio y esté dirigida a los adolescentes de ambos sexos, prestando especial atención a la prevención de los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual.
c) Adopte medidas para promover la paternidad y el comportamiento sexual responsables y cree conciencia al respecto, prestando especial atención a los niños y los hombres.
d) Despenalice el aborto en todas las circunstancias y examine su legislación con miras a garantizar el acceso de las niñas al aborto en condiciones de seguridad y a servicios posteriores al aborto. En las decisiones relativas al aborto siempre se debe tener en cuenta y respetar la opinión de la niña afectada.

RECOMENDACIÓN:

Párr. 54.       A la luz de su observación general núm. 22 (2016), sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Revise la actual prohibición del aborto a fin de hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad, especialmente en el marco de la reforma del Código Penal actualmente en discusión;

b) Elimine la actual prohibición a la distribución de contraceptivos de emergencia y tome las medidas necesarias para asegurar su accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad para todas las mujeres y adolescentes en el Estado parte;

c) Redoble sus esfuerzos para reducir la alta tasa de embarazos de adolescentes, especialmente entre aquéllas pertenecientes a familias de bajos ingresos, y asegure la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas rurales;

d) Incorpore en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos una formación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva.

RECOMENDACIÓN:

Párr. 33, inciso d) Asegure la incorporación de información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, apropiadas a cada edad, en los programas escolares de todos los niveles educativos para las niñas y los niños, y capacite a los docentes para tratar dichos temas de un modo que tenga en cuenta el género;

Párr. 37. Teniendo en cuenta su declaración sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, aprobada en su 57º período de sesiones, en febrero de 2014, el Comité señala que los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. En ese sentido, recomienda al Estado parte que:

a) Estudie experiencias y prácticas positivas de otros países de la región, como las de aquellos que tienen visiones culturales y religiosas similares, y las de países de otras partes del mundo que hayan revisado su interpretación restrictiva del aborto terapéutico y hayan aceptado la despenalización del aborto en ciertas circunstancias como, al menos, en casos de violación o incesto, de amenaza para la vida o la salud de la madre, y de graves malformaciones fetales;

b) Evalúe los efectos que tienen, para la salud física y mental de las mujeres y las niñas, la penalización absoluta del aborto y la prohibición de los anticonceptivos de emergencia y de la distribución gratuita o pagada y la comercialización de fármacos anticonceptivos de emergencia, particularmente en aquellas mujeres y niñas que han sido víctimas de abusos sexuales, con miras a considerar la posibilidad de levantar la prohibición y despenalizar tales actos;

c) Vele por que las mujeres, especialmente las que viven en la pobreza y en zonas rurales, tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de buena calidad, que incluyan la planificación familiar, la prevención de los embarazos precoces y de infecciones de transmisión sexual, además de la atención de urgencias tras un aborto;

d) Refuerce las iniciativas destinadas a asegurar que adolescentes y jóvenes de ambos sexos, especialmente los que no asisten a la escuela, tengan acceso a información precisa sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, en la que se aborden comportamientos sexuales responsables.

RECOMENDACIÓN:

Párr. 17. El Estado parte debería modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud. En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto. El Estado parte debería eliminar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia. Debería también mantener estadísticas precisas sobre el impacto de las restricciones sobre el aborto y la píldora anticonceptiva de emergencia, sobre la vida y la salud de las mujeres y las niñas, y multiplicar los programas que aseguren el acceso pleno a la salud sexual y reproductiva, a los anticonceptivos y a la educación para sensibilizar a hombres y mujeres, y niños y niñas en todo el país.

RECOMENDACIÓN:

Párr. 35, inciso e). Incluya en los planes de estudios una educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que tenga en cuenta las cuestiones de género, esté adaptada a la edad de los alumnos y sea accesible, con el fin de prevenir los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual, y capacite sistemáticamente a los docentes de todos los niveles educativos en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas;

Párr. 39. Recordando su recomendación general núm. 24 (1999), relativa a la mujer y la salud, y teniendo en cuenta su declaración sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, aprobada en su 57° período de sesiones en 2014, el Comité señala que el aborto en condiciones de riesgo constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad maternas. Reitera las recomendaciones que formuló anteriormente sobre esta cuestión (CEDAW/C/HND/CO/7-8, párrs. 37 y 39), y recomienda al Estado parte que:

a) Legalice el aborto, como mínimo en casos de violación, incesto, riesgo para la vida de la mujer embarazada y malformación fetal grave, lo despenalice en todos los demás casos y garantice que las mujeres y las niñas tengan acceso a un aborto seguro y a atención posterior al aborto;

b) Garantice la distribución y comercialización gratuitas de anticonceptivos de emergencia, en particular para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, y garantice que las mujeres tengan acceso a los servicios y la información en materia de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, con el fin de prevenir el embarazo precoz y las infecciones de transmisión sexual;

c) Adopte una estrategia para prevenir y tratar el cáncer de cuello uterino, entre otras cosas, mediante la difusión de información sobre los vínculos entre el papilomavirus humano y el cáncer de cuello uterino, aumentando la educación y concienciación tanto de hombres como de mujeres sobre los métodos de prevención y velando por que todas las mujeres y las niñas tengan acceso a las pruebas de detección periódicas y al calendario de vacunación completo, especialmente en las zonas rurales y remotas;

d) Refuerce las iniciativas destinadas a garantizar que los adolescentes y las mujeres y los hombres jóvenes, en particular los que no están escolarizados, tengan acceso a una educación adaptada a su edad y científicamente probada sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular sobre el comportamiento sexual responsable;

e) Garantice que las mujeres y las niñas con VIH/sida tengan acceso gratuito a medicamentos antirretrovíricos para prevenir la transmisión maternofilial, promueva las pruebas voluntarias de detección del VIH, sensibilice a las mujeres y los hombres, incluidos los que tienen comportamientos sexuales de riesgo y los que viven con el VIH, de sus responsabilidades a la hora de reducir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual a sus parejas, e integre la perspectiva de género en sus políticas de lucha contra el VIH/sida.

Párr. 47, inciso b)   Proporcione a las mujeres y niñas desplazadas internas y que son víctimas de violencia de género acceso gratuito e inmediato a servicios médicos, asistencia letrada y un entorno seguro, así como a profesionales sanitarias y a servicios sanitarios para mujeres, como la atención y el asesoramiento en materia de salud reproductiva;

Párr. 49, inciso c) Haga cumplir de forma efectiva la edad mínima legal (18 años) para contraer matrimonio, tanto para mujeres como para hombres, sin excepciones, e intensifique los esfuerzos de concienciación acerca de los efectos nocivos del matrimonio infantil y las uniones tempranas de hecho para la salud y el desarrollo de las niñas.

RECOMENDACIÓN:

Párr. 35. El Estado parte debe:

a) Revisar el mantenimiento de la prohibición absoluta del aborto establecida en los artículos 67 de la Constitución y 196 del Código Penal y garantizar el acceso efectivo a los medios para interrumpir un embarazo cuando sea probable que, de no hacerlo, se produzcan dolor y sufrimientos graves, por ejemplo, cuando el embarazo es consecuencia de una violación o un incesto, la vida o la salud de la embarazada está en peligro y en casos de malformación fetal mortal;

b) Adoptar las medidas necesarias, de conformidad con las Directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (2022), para velar por que ni las pacientes que recurren al aborto ni los profesionales médicos que practican interrupciones voluntarias del embarazo se enfrenten a sanciones penales, y que las mujeres y niñas tengan acceso efectivo a la atención sanitaria posterior al aborto, independientemente de que lo hayan hecho de forma legal o ilegal;

c) Revisar las sentencias de mujeres condenadas penalmente como consecuencias de emergencias obstétricas a la luz de las obligaciones internacionales a fin de absolver y excarcelarlas.

RECOMENDACIÓN:

20. Adoptar planes, políticas y legislación para superar los obstáculos en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En particular: • Regular el secreto profesional y la objeción de conciencia en los establecimientos de salud; • Implementar las medidas administrativas necesarias para asegurar la disponibilidad y acceso de todas las mujeres a la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE). • Capacitar al personal de salud sobre las normas, protocolos y procedimientos específicos sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres. • Establecer un mecanismo de datos públicos sobre denuncias, investigaciones y sentencias por delitos de aborto u otras conductas vinculadas con emergencias obstétricas. • Promover el acceso de niñas, niños y adolescentes a una educación sexual integral de base científica y adecuada a su edad.

22. Impulsar campañas públicas educativas y culturales que promuevan los derechos de las mujeres y personas LGBTI, priorizando la sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho a la igualdad y no discriminación y el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans.

33. En relación con las personas privadas de libertad: e) Ofrecer atención médica adecuada, especializada y de calidad, que contemple la prestación regular de servicios integrales de salud sexual y reproductiva.